Política

Procesaron a Marcelo Villegas, el ex ministro que quería su propia Gestapo, y a otros ex funcionarios

Marcelo Villegas, ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires
Marcelo Villegas, ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Fue procesado por la reunión en la que dijo que quería armar su propia Gestapo

El juez federal Ernesto Kreplak procesó hoy a varios ex funcionarios que participaron de la reunión en el Banco Provincia, en 2017, donde se habló de las causas judiciales vinculadas al sindicalista de la UOCRA Juan Pablo “Pata” Medina. Se trata de la causa denominada “Gestapo” a raíz de los dichos del entonces ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas.

Kreplak procesó a Villegas pero también al intendente de La Plata, Julio Garro, al ex secretario de Justicia Adrián Grassi, al senador provincial de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan, y a los ex directivos de la AFI Sebastián De Stéfano, Darío Biorci y Diego Dalmau Pereyra.

A todos les aplicó un embargo de 10 millones de pesos sobre sus bienes.

Se los acusa de realizar tareas de inteligencia prohibidas, previstas en el artículo 43 ter de la Ley de Inteligencia, y del delito de prevaricato. “El desconocimiento que algunos de ellos alegaron respecto de la identidad y funciones de los integrantes de la AFI presentes en la reunión del 15/6/17 en el Banco Provincia, resulta un mero argumento defensista que ha sido rebatido en todos estos casos”, sostuvo el juez en una resolución de más de 250 carillas a la que tuvo acceso Infobae.

Sobre las tareas de inteligencia sobre Medina, el juez habló de “investigaciones de campo y el acceso a distintas bases de datos por parte de agentes de la AFI, que sirvieron para la elaboración de informes”.

El delito de prevaricato apunta a la decisión judicial de mantener la causa contra el “Pata” Medina en el juzgado federal de Quilmes: “Nótese en este sentido, que la decisión de mantener las actuaciones en el Juzgado Federal de Quilmes se fundó en datos falsos, que se habían incluido deliberadamente en la denuncia inicial por quienes tuvieron intervención en la estrategia de judicialización, con el claro objeto de forzar la competencia para que entendiera dicho Juzgado”.

En cambio, Kreplak le dictó la falta de mérito al ex ministro de Infraestructura Roberto Gigante y a los empresarios de la construcción que participaron de ese encuentro: Ricardo Alconada Maglia, Guillermo Moretto, Jorge Del Río, Fabián Cusini, Bernardo Zaslascky y Marcelo Jaworski.

El juez Ernesto Kreplak procesó a la mayoría de los funcionarios que estuvieron en el BAPRO.
El juez Ernesto Kreplak procesó a la mayoría de los funcionarios que estuvieron en el BAPRO.

En la resolución, el juez Kreplak destacó que la investigación debe profundizarse sobre autoridades políticas, nacionales y provinciales, y de la AFI. “Se advierte que la decisión de avanzar con la estrategia de judicialización desplegada podría haber sido tomada o bien autorizada en los niveles superiores de los gobiernos nacional y provincial y que, asimismo, podrían encontrarse involucrados otros miembros de esos gabinetes de gobierno que no han sido hasta ahora mencionados”, dice el fallo.

El expediente se inició en diciembre del año pasado por una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, que aportó un video grabado el 15 de junio de 2017. “Créeme que si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría”, lanzó ese día Villegas. También les dijo a los empresarios que tenía todo hablado con “la Procuración, la fiscal y el juez” para ir contra Medina.

Durante la investigación, el juez pidió la agenda laboral de Villegas y allí constan otras reuniones en 2017 que el entonces ministros tuvo con los mismos protagonistas que los del encuentro en el Banco Provincia. También las llamadas entrantes y salientes de todos los que estuvieron en la reunión, incluso las de María Eugenia Vidal. De allí surgen comunicaciones de Villegas y de De Stéfano con el juez Luis Armella, a cargo de la causa principal contra el “Pata” Medina.

Todos los imputados pasaron por la indagatoria: presentaron escritos en los que rechazaron la imputación y se negaron a contestar preguntas. Para el juez, esa estrategia de defensa no tuvo éxito. “Distintos funcionarios imputados han señalado que su intervención en los sucesos investigados se limitó a recibir a “víctimas de delitos”, contenerlas y canalizar institucionalmente sus demandas. Este argumento en apariencia incuestionable omite, sin embargo, considerar el estricto límite constitucional que pesaba sobre sus facultades y funciones, específicamente en cuanto se vincula con el trámite de actuaciones judiciales”, explicó Kreplak.

El abogado de Medina, César Albarracín, le pidió en su momento al juez que cite a indagatoria a Mauricio Macri y a María Eugenia Vidal, quien apenas aparece mencionada en el fallo en tres ocasiones.

Ayer, el juez había rechazado un pedido de varias defensas para que la causa pase a los tribunales de Comodoro Py teniendo en cuenta que la reunión fue en la Ciudad de Buenos Aires. “Se advierte sin dificultad que la totalidad de las conductas relevantes a los fines indicados precedentemente tuvieron lugar en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Y casi todas, en el ámbito de la jurisdicción de este tribunal, específicamente en los municipios de La Plata y Ensenada. Lo único que no ocurrió en este ámbito jurisdiccional, según se indicará, precisamente no ocurrió como consecuencia del presunto obrar ilícito que aquí se investiga”, dijo Kreplak.

El magistrado también avaló el video como medida de prueba. Entre varios argumentos, el magistrado analizó la indagatoria de Dalmau Pereyra, quien dijo que fue a la reunión por pedido de los ex jefes de la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri y que ellos le solicitaron que grabe ilegalmente el encuentro. “Esto es, que el registro audiovisual de la reunión fue llevado a cabo por agentes de la AFI, que la orden de proceder en ese sentido partió de las máximas autoridades de ese organismo al momento de los hechos y, adicionalmente, que no existiría orden ni autorización judicial para hacerlo”, explicó el juez.

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